Resultados de las Comisiones de Sociología en pos de una Reforma a la Educación Superior

Mociones Sociología UC 2011


El presente documento contiene las mociones elaboradas por las cuatro comisiones de trabajo, las cuales se generaron en sociología con el fin de canalizar de forma efectiva la participación de los estudiantes, intentando integrar el mayor número posible de ellos, de modo que las mociones generadas lograran representar el sentir mayoritario de nuestros compañeros.
Las propuestas de cada comisión se exponen a continuación separadas por cada eje temático abordado desde ellas:




Comisión Financiamiento
1. El Estado debe aumentar de forma inmediata el porcentaje del gasto público destinado al sistema de educación superior.
2. Financiamiento Universitario:
El Aporte Fiscal Indirecto debe ser reformulado. Se debe cambiar el criterio de asignación desde los mejores puntajes a criterios socioeconómicos que funcionen de incentivos a las universidades a la heterogeneidad en la matrícula. Pueden acceder a este aporte solo estudiantes de instituciones acreditadas y debe ser acompañado de políticas de mantención y acceso.
El Aporte Fiscal Directo debe ser entregado exclusivamente a las universidades de propiedad estatal. El hecho de que una universidad esté acreditada no implica que deba recibir aportes del Estado.
3. Financiamiento Estudiantil:
Los aranceles de las universidades estatales deber ser diferenciados según ingreso familiar con horizonte a una educación gratuita. Para las Universidades Privadas debe existir un tope arancelario. Estos aranceles deben tener además un tope máximo de precio en función del nivel de ingresos propio de la realidad nacional (PIB).
Los estudiantes que no aún no pueden costear la universidad, deben poder acceder a Créditos entregados por el Estado donde no debe haber participación alguna de la
banca privada sin interés a las universidades estatales y con uno de no más del 2% para instituciones privadas.




Comisión de Acceso:
Dada la importante exclusión que está generando actualmente el sistema de acceso a la educación superior nosotros proponemos:
1. Establecer como una medida a corto plazo un propedéutico nacional apoyado al 100% por el Estado. Se definirá por propedéutico que se tome al 5% de los 3 quintiles más pobres (I;II;III) de los colegios vulnerables con mejores notas, como mínimo inicial (se espera que vaya aumentando con el tiempo hasta que el porcentaje sea de un 60%, idealmente en 4 años), los cuales deberán pasar por 10 semanas previas de nivelación como requisito. Es necesario tener en consideración temas como la discriminación social que esta medida puede provocar, a la vez que se hacen necesarios diferentes tipos de apoyo que apunten a garantizar la permanencia en la universidad, dadas las características socioeconómicas de estos estudiantes. Tener en cuenta además la problemática que genere esta “discriminación positiva”, como ocurre en los colegios subvencionados, en donde se asegure totalmente la permanencia del alumno para asegurar la acreditación.
Pero también es imperativo a mediano plazo generar un cambio sustancial en el acceso y en el ingreso de los estudiantes a las universidades es por ello que planteamos:
2. En cuanto a cómo entran los estudiantes a la universidad: Se pondrá en funcionamiento un sistema por cuotas de acceso según quintil para con ello lograr una heterogeneidad en la matrícula. Así cada universidad debe cumplir con tener dentro de su matrícula una representación de un 20% de cada quintil además de otorgar sistemas de nivelación para los más bajos quintiles impartidos por cada carrera, en la modalidad y el tiempo que estime cada una. Dada la insuficiencia de las universidades de no poder incluir a todos los estudiantes que demanden entrar
en ellas, se definirán, en base a lo anterior, una cierta cantidad de cupos igualitarios para cada quintil y el mecanismo que se utilizará para definir quienes logran alcanzar dichos cupos será del modo que se explicará a continuación.
3. En cuanto a cómo seleccionar quienes entran a determinadas universidades: Al cabo de 4 años, a mediano plazo, se instaurará una nueva prueba estandarizada que mida tanto conocimientos básicos como aptitudes mínimas de un egresado de enseñanza media, la cual tendrá un 50% de ponderación. Para no discriminar por diferencias socioeconómicas se tendrán diferentes puntajes de corte, correspondientes a cada quintil. El otro 50% será definido en base a “NEM normalizado” por colegio, es decir, en base al promedio de cada institución se hará un ranking de cada alumno según qué tan lejos o cerca está de ese promedio, para así evitar las notas infladas y de paso atender a la realidad particular de cada colegio (NEM normalizado, en base a puntaje Z).




Comisión Institucionalidad:
Respecto de las instituciones:
1. Se debe crear un nuevo organismo que reemplace al actual Consejo de Rectores, que agrupe a todas las instituciones de educación superior (Universidades, CFT e IP) a nivel nacional. Este organismo debe:
a. agrupar sólo a las instituciones acreditadas (bajo nuevos criterios)
b. contar con representación a nivel administrativo, académico y estudiantil.
c. ser una instancia de contacto, deliberación y coordinación de estos tres niveles conjuntos. Se debe formalizar la participación democrática de los tres estamentos.
d. cumplir la función de homologar la formación de profesionales y técnicos para evitar los corporativismos existentes en el modelo actual, donde grupos con distintos intereses pueden levantar sus propias instituciones de educación para inculcar y servir a estos intereses. Se debe garantizar libertad de cátedra, de investigación y de opinión.
2. Deben crearse y promoverse instancias en que se transparenten las cuentas de las instituciones de educación superior, y los distintos estamentos puedan hacer rendir cuentas de la administración del financiamiento de las universidades. Estos nuevos mecanismos deben tener una forma clara y accesible a todos.
Respecto de la acreditación:
3. La actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA) debe ser reformulada, constituyéndose como un organismo estatal pero autónomo (con una institucionalidad similar a la del Banco Central) y transparente en los criterios de selección de sus miembros. Por otro lado, dado que la actual CNA trabaja con agencias de acreditación privadas que responden a fines de lucro, este nuevo organismo estatal eliminaría este aspecto. Respecto de la acreditación específica por carreras esta comisión debe trabajar bajo criterios consensuados por expertos en las diferentes y específicas temáticas de las diversas carreras de la Educación Superior. Esto no es posible sino es efectuado por académicos imparciales y calificados, controlados por grados y no por los cargos que puedan tener en las diversas instituciones -de la Educación Superior- quienes las acrediten. Así se garantiza, al menos, que éstos, independiente de la universidad en que trabajen, serán cualitativamente competentes para desarrollar su labor.
4. La acreditación de las instituciones de educación superior se mide actualmente en años; el cambiar esto por una escala de puntaje no es relevante, ya que a los ojos de los postulantes es lo mismo. Por esto, se debe avanzar hacia una cultura de evaluación de estas instituciones. Se deben transparentar tanto los criterios como las razones de la acreditación de las instituciones. Los postulantes y la comunidad en general debe poder saber qué es lo que se está garantizando en una institución y qué no, por lo que esta información debe ser pública.
5. Sólo las instituciones acreditadas, que formen parte del nuevo organismo que las agrupe, pueden recibir financiamiento estatal. Sin embargo, el Estado sí debe poder financiar a estudiantes pertenecientes a instituciones no acreditadas, considerando que es durante el periodo concedido a la institución para corresponder a los criterios de acreditación, previo a su cierre (apartado 15).
6. Respecto de la apertura de nuevas casas de estudio, la acreditación debe considerarse como estándar mínimo para que una nueva institución de educación superior pueda empezar a funcionar.
Sobre criterios de acreditación:
7. La calidad de una institución no debe ser entendida sólo en términos académicos, sino también democráticos. Estos criterios apuntan a que se debe lograr que la educación superior sea una instancia democráticamente construida, y no un lugar donde se compre un título. Esto sobretodo en la oferta privada, y en particular los IP y CFT, donde, al ser técnicos y estar orientados al mercado, es difícil que haya suficiente reflexión sobre las responsabilidades de ser ciudadano. Estos criterios ayudarán a la creación de los nuevos organismos de representación y discusión donde no los hay, logrando que las instituciones de educación superior se hagan cargo de la formación de ciudadanos democráticos. Algunos criterios que deben sumarse a la acreditación que apuntan a esto son los siguientes:
a. Las instituciones deben incentivar la participación efectiva y democrática de estudiantes, trabajadores y funcionarios, no sólo en instancias de representación o académicas, sino también administrativas. Debe ser un criterio de participación y no de representación, ya que ésta se lograría con el nuevo organismo que reemplaza al CRUCH.
b. Existencia de organismos de representación estudiantil para acreditación a nivel de carrera.
8. Las instituciones no pueden impartir carreras “inventadas” que presenten un campo laboral inexistente (ejemplo: caso de “criminalística”) o que no tengan posiblidad de práctica efectiva. Es decir estas deben poder ser ejercidas/practicadas por los estudiantes al egresar. Esto para el caso de carreras que puedan basarse en criterios de trabajo objetivos, dejando fuera a aquellas que escapan a esta lógica, como las artes.
9. Respecto de la equidad, las instituciones de Educación superior deben orientarse hacia la heterogeneidad socioeconómica en la matrícula. Esto va en orientación a la construcción democrática de la instancia de la educación superior, como formación ciudadana.
10. Respecto de la equidad, las instituciones de Educación superior deben garantizar a sus estudiantes la posibilidad de estudiar y rendir de igual forma que sus pares, independiente de su condición socioeconómica. Para ello las instituciones, considerando las diferencias entre Universidades, CFT e IP, deben ofrecer programas y/o becas acorde a sus propias capacidades (como porcentaje del presupuesto) y las características socioeconómicas de su estudiantado que, en línea con el apartado anterior, debe ser heterogéneo.
11. Las instituciones de educación superior deben preocuparse de generar igualdad de condiciones de estudio para los estudiantes, en términos de la especificidad de lo impartido en la institución respectiva y las necesidades que allí se tengan (asociado a infraestructura y acceso a material necesario).
12. Las instituciones acreditadas deben generar bienes que sean un aporte a la sociedad en cuanto a la solución de problemas sociales. Deben, asimismo, apoyar las iniciativas que surjan desde los distintos estamentos y que compartan esta orientación.
13. Las instituciones acreditadas deben socializar los conocimientos o bienes producidos en ellas. Esto significa que cada institución de Educación Superior debe tener herramientas propias (centros, asociaciones, agrupaciones formales) que tengan una manera de llevar los conocimientos y bienes producidos a la sociedad, en particular a los lugares donde menos se tiene acceso a ellos.
14. La investigación como criterio de acreditación en el caso de las Universidades, debe tomar en consideración la investigación realizada en el tiempo, considerando un número mínimo de años de investigación (p/e: 10 años). Esto con el fin de incentivar que la generación de conocimiento se dé de manera constante. Además, debe existir libertad de investigación.
a. Este criterio no puede ser exigido a nuevas casas de estudio (apartado 6). Se debe crear una categoría especial de acreditación que les permita funcionar, accediendo al organismo que reemplace al CRUCH, pero sin obtener financiamiento estatal.
15. La institución que reemplace a la actual CNA debe tener la facultad para cerrar carreras que hayan fallado sistemáticamente la acreditación, y cerrar instituciones
que no cumplan con la acreditación, o sean declaradas deficientes, notificándoles y dándoles incentivo para mejorar su calificación.
16. Respecto de lo anterior, ante el cierre de alguna carrera o institución, el organismo acreditador debe hacerse cargo de asegurar que los alumnos afectados sean reasignados en otra casa de estudios para respaldar su derecho a la educación.




Comisión de “Lo Público”
Sobre el documento:
1) El documento UC Reforma debe comenzar su apartado de Propuestas con un apartado de propuestas dirigido especialmente a las Universidades Públicas (Estatales), su trato preferente y las Universidades Estatales Regionales.
2) El documento UC Reforma debe articularse de tal manera que no tenga contradicciones entre sus partes.
3) Debe generarse dentro del documento UC Reforma, al menos en un anexo, un eje programático en el que se planteen metas al corto, mediano y largo plazo, que debemos cumplir como Federación.
4) Dentro del eje programático debe contemplarse la creación de un observatorio de la educación superior.
Derecho a la Educación:
1) El Derecho a la Educación es un derecho social que debe ser proveído por la comunidad política, englobada en el Estado, a todos los ciudadanos. El derecho a la educación incluye a todos los niveles de educación (primaria, secundaria y superior).
2) El Estado chileno debe cumplir con el artículo 13 del Pacto Internacional del Derechos Económicos, Sociales y Culturales que dice: “La enseñanza superior debe hacerse accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.”
3) Debe generarse una normativa que asegure una educación pública de calidad. Ésta debe incluir la creación de la Superintendencia de Educación Superior encargada de fiscalizar el sistema de universidades completo. La creación de esta entidad deberá
realizarse con la participación de la comunidad universitaria en general, que debe elegir un número de representantes (rectores, estudiantes y funcionarios.)
Educación Superior Pública:
1) Se debe distinguir claramente, en cuanto al financiamiento, institucionalidad y el acceso, tres tipos de instituciones: i) Las Universidades Estatales, ii) Las Universidades Privadas con Rol Público, iii) Las Universidades Privadas Sin Rol Público. Esta distinción fundamental se basa en dos criterios, a saber:
a) Forma de Cumplir con el Derecho a la Educación: Las Universidades Estatales por su propia constitución garantizan el correcto cumplimiento del Derecho a la Educación, ya que están al servicio de la ciudadanía. Las Universidades Privadas pueden o no cumplir con un rol público, pero al ser una decisión voluntaria ésta puede ser supeditada a otros objetivos.
b) Rol Público: Se puede distinguir dentro de las Universidades Privadas aquellas instituciones que cumplen con el Rol Público, es decir, se ponen voluntariamente en la posición natural de las Universidades Estatales, y aquellas que no lo hacen.
2) Las Universidades Estatales deben tener un gobierno democrático triestamental que asegure su autonomía con respecto al Estado.
3) Las Universidades Estatales deben admitir el ingreso de todos los estudiantes según sus capacidades académicas, sin atender a su nivel socioeconómico, creencia religiosa, nacionalidad, raza, o género u orientación sexual. Asimismo los valores entregados por la Universidad deben ajustarse a los valores democráticos y republicanos, que son por definición los mínimos en un estado de derecho y por lo tanto compatibles con cualquier proyecto de vida.
4) La relación entre Estado y Universidad Estatal se basa en la Autonomía Universitaria, esto debe ser así para garantizar que las Universidades puedan realizar un examen realmente crítico de la sociedad chilena.
5) El Estado debe fiscalizar sus universidades. Ésta fiscalización debe ser:
i) Financiera: La Contraloría General de la República debe fiscalizar todos los haberes económicos de las universidades estatales. Este criterio de publicidad es extensivo a todas las universidades que reciban fondos estatales.
ii) Académica: Toda Universidad Estatal debe estar debidamente acreditada.
Periódicamente debe existir un informe del estado de las Universidades Estatales. Dicho informe debe ser elaborado por la Superintendecia de Educación Superior.
6) El trato preferente del Estado hacia las Universidades Estatales debe constituir al menos en:
I) Financiamiento:
a) Debe existir un aumento importante en el financiamiento a las Universidades Estatales del país.
b) El Estado debe financiar, mediante un aporte basal exclusivo, a las Universidades Estatales. Este aporte debe estar garantizado por ley, y debe contener capítulos de docencia, extensión e investigación.
c) Creación de un Fondo de Financiamiento a la infraestructura de las Universidades Estatales. Este fondo debe estar entregado por el Estado.
d) Creación de un Fondo de Recuperación de la Educación Estatal, que se entregue por una única vez, y que tiene por misión aliviar la precaria situación que aqueja de manera inmediata a las Universidades Estatales.
II) Institucionalidad:
Debe crearse una institucionalidad que agrupe a todas las universidades estatales del país, y que tenga como misión representar a las Universidades Estatales frente al Estado y la comunidad nacional en general. Además debe coadyuvar a la organización y coordinación de la red de educación superior estatal del país.
4) Si bien reconocemos que debe existir una Modernización de las Universidades Estatales, ésta debe realizarse de manera acorde a los que las comunidades de cada universidad estatal estime conveniente. Por lo tanto debe existir en el mediano plazo una mesa de trabajo de Modernización de las Universidades Estatales, en las que representantes de cada universidad trabaje con la Superintendencia de Educación Superior y/o el Ministerio de Educación en las fórmulas de modernización que estime convenientes.

Por Matías Valderrama Barragán con Ningún Comentario